En estos días hemos vuelto a vernos inmersos (lo hablo como COLOMBIANOS) en un nuevo escandalo por la extradición. Al parecer, se repite en otra escala la historia del 97, época en la que estaba latente el proceso 8.000, Samper estaba siendo investigado por la participación de dineros del narcotráfico en su campaña presidencial y por esto mismo no es del todo convincente su pretensión de la extradición con retroactividad, ya que bastantes problemas debía tener en ese momento, con toda la presión y chantajes de los narcotraficantes que lo habían financiado, como para poderse dar el lujo de extraditarlos.
Este episodio no solo deja marcado al país ante el mundo, con el proceso 8.000, si no que además actualmente esta generando una nueva consecuencia. Como era de esperarse el acto legislativo aprobado por el Congreso en 1997, permitía la extradición de nacionales, pero no era aplicable para delitos políticos, ni era aplicable a delitos cometidos antes de esa reforma (esto es la retroactividad). De aquí surge el famoso
NARCOMICO, pues ahora los paras argumentan la conexidad que existe entre el narcotráfico con el delito de sedición, el cual es un delito político, y en consecuencia no se viabiliza la extradición.
Este escándalo se fundamenta jurídicamente en la contradicción existente entre el artículo 64 el cual es claro en afirmar que incurrirá en el delito de sedición quien haga parte de las autodefensas, el cual ligado al artículo 20, en el que se estipula la acumulación de penas, imposibilitando legalmente la extradición, por lo menos hasta que no se rectifique el vacio legal existente, lo cual se hace imposible... si quienes se encuentran legislando se ven beneficiados de alguna manera con los resultados de la misma...
